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El alcalde, Luis Salaya, se reúne con defensores de los derechos humanos de Guatemala acogidos en un programa de Amnistía Internacional

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, se ha reunido con los defensores de derechos humanos de Guatemala Lucia Ixchiú y Carlos Ernesto Cano, acogidos en el Programa de Protección Temporal de Defensores en riesgo de Amnistía Internacional (AI) y que han sufrido acoso y amenazas por su labor de activismo y su labor periodística, y con Alejandro Corchado, de Amnistía Internacional Cáceres, a los que ha mostrado su apoyo por la importante labor que realizan.

Ixchíu y Cano son comunicadores del colectivo guatemalteco Festivales Solidarios, el cual realiza trabajos sobre memoria histórica, defensa del territorio y acompañamiento a presos políticos. Desde hace meses se encuentran en el País Vasco, previo paso por Costa Rica, amenazados por documentar resistencias antimineras y contra la palma aceitera además de denunciar la militarización del país.

Salaya ha explicado que con este programa, “Amnistía Internacional apoya a que determinados personas defensoras de derechos humanos amenazadas puedan salir temporalmente  del país. La Sección Española de AI puso en marcha el Programa de Protección Temporal de Defensores de derechos humanos en 1998, y desde entonces, más de 70 defensores y defensoras con sus familias han llegado al Programa, siendo acogidos por los Grupos en distintas ciudades”.

Sus objetivos son: proteger temporalmente a un reducido número de personas del peligro inminente de violación y abuso contra sus derechos fundamentales; promover a que continúen su trabajo en favor de los derechos humanos, mediante actividades vinculadas a este fin, en un contexto de seguridad; ofrecerles la oportunidad de recuperarse de las intimidaciones o violaciones a las cuales ha sido sujeto; y concienciar a la sociedad sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en otras partes del mundo, intercambiando experiencias y formación entre estas personas y la comunidad del país que les recibe.

 “La defensa de los derechos humanos es un asunto que compete a todas las personas  e instituciones, y aunque en nuestra ciudad y nuestro país estas situaciones no se dan, hay todavía muchos lugares en el mundo donde su defensa cuesta la vida o el exilio, como ha ocurrido con estas dos personas, que merecen todo nuestro apoyo y respeto”, ha aseverado Salaya.

Lucia Ixchíu (Totonicapán, 1990) es indígena Kiche, feminista comunitaria, arquitecta y diseñadora, defensora del territorio y los  derechos humanos, artista, cantora, gestora cultura y periodista comunitaria.. Se hizo activista y periodista por la masacre del 4 de octubre del 2012 en la cumbre de Alaska, masacre que el ejército de Guatemala cometió contra el pueblo indígena de Totonicapán. Fue representante estudiantil del Consejo Superior Universitario de Universidad de San Carlos de Guatemala única universidad estatal de Guatemala y fue la primera mujer indígena estudiante en ocupar este puesto en la facultad  de arquitectura en el periodo del 2014 al 2016 en su universidad.

Cofundadora de Festivales Solidarios, espacio de investigación, documentación y arte para la memoria histórica, defensa del territorio y  criminalización y prisión política desde el 2013. Radialista, cofundadora del espacio feminista Inter seccional de mujeres indígenas y mestizas Mujeres en Movimiento; y columnista en medios nacionales e internacionales.

En arquitectura trabaja con la implantación de huertos urbanos, investiga el retomar el conocimiento  de trabajo ancestral de construcción con la tierra.

Carlos Ernesto Cano de 37 años, mestizo y comunicador del colectivo Festivales Solidarios, foto-periodista de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGER y defensor de Derechos Humanos; el aporte que ha realizado desde la defensa de los Derechos Humanos está asociado y vinculado con la investigación histórica, la comunicación, libertad de expresión, justicia transicional y la documentación social con tres ejes transversales: defensa del territorio (urbano y rural), memoria histórica, prisión política y criminalización.


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