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La FEMP reclama el papel de los gobiernos intermedios en la gestión de los fondos europeos

CÁCERES, 3 (EUROPA PRESS)

La Comisión de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha reclamado el papel de los gobiernos intermedios en la gestión de los fondos europeos, y no solo en el 15% que llegan a los ayuntamientos sino en el mismo porcentaje de fondos que tramitan las Comunidades Autónomas, para que puedan repartirse por “todos los rincones de los territorios”.

Así lo ha indicado el presidente de la comisión y presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, antes de la reunión que ha mantenido este órgano en Cáceres, donde también se han tratado otros asuntos como la ciberseguridad y la lucha contra la despoblación de las zonas rurales.

Reyes, en una rueda de prensa junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, y el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha incidido en que la lucha contra el despoblamiento es “el objeto transversal de todas y cada una de las actuaciones y decisiones de la comisión”, como los temas principales que este lunes se han puesto sobre la mesa en relación a la participación de los gobiernos intermedios en la gestión de los fondos europeos o la aplicación de la ciberseguridad en todos los municipios del país, al margen del tamaño o número de habitantes.

“Desde los gobiernos locales intermedios, diputaciones, cabildos y consejos insulares -ha manifestado el presidente de la comisión- venimos insistiendo en la oportunidad de participar, junto al Gobierno de España, y de la mano de las comunidades autónomas, en la gestión de los fondos europeos”, ha incidido.

En su intervención, ha recordado que, en el marco que está a punto de finalizar, no se dio esa oportunidad, pero sí en el anterior y, estos gobiernos intermedios “demostraron capacidad de gestión y cofinanciación para que los fondos europeos lleguen al último rincón de los territorios”. Para abordar este punto, se ha contado con la presencia de la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero.

Además, según ha añadido Reyes, “no se puede dar ni un paso atrás” y la lucha por la despoblación pasa por ofrecer servicios e infraestructuras de calidad, independientemente del lugar, de lo lejos que un pueblo esté de la capital, “porque el pueblo no está lejos, está donde tiene que estar”.

Algo que, a su juicio, se tiene muy claro desde los gobiernos locales e intermedios, “por lo que la lucha contra el despoblamiento va inherente a la labor de los municipalistas, de la tarea diaria de concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, y cuando pedimos al gobierno participar en la gestión, no pedimos solo gestionar el 15% de los que llegan al gobierno, sino también el 15% de lo que llega a las comunidades autónomas”, ha subrayado.

Otro asunto en el orden del día de la reunión ha sido la ciberseguridad, para lo que los responsables del CNI, Javier Candau y Carlos Córdoba, han informado sobre la situación del sistema nacional de seguridad, “así como el papel que pueden jugar las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares”, ha apuntado Francisco Reyes.

Y es que de los 8.131 municipios que hay en España “la mayor parte de ellos no tienen capacidad de establecer ese sistema de ciberseguridad que tanto nos preocupa, por lo que podemos ser instrumento imprescindibles para que se pueda llegar hasta el último municipio de nuestro territorio”, ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha incidido en la importancia de abordar otros asuntos como la actualización de los precios con el incremento en hidrocarburos y la energía eléctrica, para lo que, “sería necesario establecer un instrumento jurídico en la revisión de precios al alza que estamos teniendo en las obras públicas”.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha recordado que la elección de la institución provincial cacereña como anfitriona de esta reunión sugió con el deseo de rendir un homenaje a la que fue su presidenta, Charo Cordero, fallecida en diciembre de 2020, y considerada como “la primera mujer que puso en la agenda nacional la lucha por el reto demográfico”, con la organización del Congreso de Montánchez.


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