Cree que se trata de una decisión arbitraria que perjudica a diez jóvenes que iban a recibir una formación profesional y a los establecimientos que ya habían mostrado su disposición a contratarlos.
El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres muestra su malestar con la Junta de Extremadura por la decisión, desde su punto de vista arbitraria, de denegar la realización de un curso de formación profesional de “Operaciones Básicas de Cocina” dentro del Programa Colaborativo Rural.
Esta denegación se debe, según la Directora General de Calidad del Empleo del SEXPE, responsable de autorizar estos cursos de formación, a que el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres no dispone de una cocina lo suficientemente grande para impartir este curso, en concreto de un mínimo de 90 metros cuadrados.
No obstante, el Ayuntamiento señala que no existe norma alguna que establezca este mínimo para la impartición de un curso de Operaciones Básicas de Cocina, que es el solicitado por el consistorio malpartideño y que no posee Certificado de Profesionalidad, siendo este último certificado el que establece el requisito de superficie mínima.
Ante la inexistencia de esta norma, la Dirección General establece un paralelismo injustificado y restrictivo que el Ayuntamiento considera arbitrario y perjudicial para los diez jóvenes que iban a beneficiarse de esta formación tan demandada en la actualidad y para los que ya había, además, seis compromisos de contratación en establecimientos del municipio.
Además, resulta sorprendente que en esta misma cocina que ahora se considera insuficiente se autorizó e impartió durante 2019 y 2020 un curso de cocina de la Escuela Profesional de la Mancomunidad Tajo-Salor, para un total de 15 alumnos, 5 más que en la formación que se plantea ahora y entonces sí se consideró espacio suficiente.
Para más inri, el informe de viabilidad realizado por los técnicos del SEXPE, que valora todos los requisitos exigidos en cuanto a instalaciones, personal docente, datos de desempleo, unidades formativas, etc. es favorable en todos los puntos. A pesar de todo ello, se añade una conclusión final denegatoria por falta de espacio en contra de lo contemplado en el informe.
Por todo ello, el Ayuntamiento muestra su disconformidad y su malestar, pues considera que esta decisión no responde a razones objetivas y que, en lugar de una interpretación favorable para dar oportunidades de futuro en un pueblo que lucha contra la despoblación, opta por una opción restrictiva, perjudicial y carente de justificación legal.
En este sentido, anima a la Junta de Extremadura a reconsiderar esta decisión que supone quitar oportunidades a jóvenes que quieren echar raíces en sus pueblos, que no quieren tener que irse a otras comunidades a trabajar y que no merecen que criterios subjetivos supongan un obstáculo para su futuro.
Y es que, para el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, “con esta decisión se traiciona el espíritu de estas acciones formativas, pues en su preámbulo se establece que el decreto contribuye al objetivo fundamental de fijación de la población en el medio rural luchando contra el desempleo“.
“Pero lo más grave“, añade, “es que traicionan tanto a los jóvenes que iban a encontrar trabajo en esta especialidad, como a los empresarios que no encuentran profesionales cualificados“. “Una vez más la Junta de Extremadura hace todo lo contrario de lo que promete: poner palos al desarrollo del entorno rural“, ha concluido.
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