La Comisión Territorial de Violencia Sobre la Mujer se reúne en Cáceres para coordinar acciones de atención a las víctimas
CÁCERES, 13 (EUROPA PRESS)
La falta de psicólogos en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Badajoz, donde solo hay una psicóloga en plantilla, provoca un retraso de ocho meses en la emisión de los informes periciales de asistencia a las víctimas de violencia de género o de abusos sexuales, necesarios para las causas judiciales, por lo que se estudiará cuántas plazas habría que proveer para reforzar la plantilla.
Para ello, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura dará lo pasos necesarios a través del Ministerio de Justicia, con la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para intentar solventar esta situación y, mientras tanto, se podría suscribir el correspondiente convenio para reforzar, “aunque sea temporalmente”, la prestación ese servicio.
Así lo ha indicado la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, al término de la reunión de la Comisión Territorial de Violencia Sobre la Mujer que ha mantenido este lunes en Cáceres su reunión semestral para coordinar acciones de atención a las víctimas de violencia de género.
Sánchez ha señalado que en el IML pacense la psicóloga “está haciendo todo el trabajo que puede, pero una sola persona no llega y, por lo tanto, habría que reforzar” la plantilla, ya que esos restrasos “son inaceptables” para poder dar una buena atención a las víctimas. Cabe destacar que en el IML de Cáceres existen dos psicológas cuando este órgano tiene a su cargo 7 partidos judiciales, que son la mitad de los que dependen de Badajoz, donde hay 14 partidos judiciales.
“Badajoz tiene el doble de partidos judiciales y tiene la mitad de la plantilla que Cáceres”, ha indicado la secretaria general, que ha explicado que esta falta de psicólogos implica un retraso a la hora de emitir los informes periciales para los tribunales de justicia que son imprescindibles para solventar “con la mayor agilidad posible” todos los asuntos de violencia de género o pruebas preconstituidas a menores víctimas de violencia de género o víctimas de delitos que se hayan cometido contra la libertad sexual.
Así las cosas, en la jurisdicción de Badajoz se están tardando 8 meses en emitir esos informes mientras que en la provincia de Cáceres “se está solventando con mayor agilidad”, en un mes y medio o dos meses. “Entonces es un retraso que no es aceptable y no debe ser admisible para dar siempre una respuesta lo más rápida posible y lo más ágil posible a estas cuestiones”, ha insistido la responsable regional.
Esos informes que deben emitir los psicólogos son imprescindibles para “determinar si existen indicadores reveladores de asimetría de poder, dominación, es decir, si existe o no violencia de género”, ha dicho Sánchez, por lo que son informes periciales técnicos que auxilian a los órganos judiciales y que “son necesarios”.
Los psicólogos de los IML también emiten informes sobre pruebas preconstituidas, sobre la declaración de los menores que han sido víctimas de agresiones sexuales o víctimas también de violencia de género, que han presenciado, convivido o sufrido la violencia de género, igual que en sus madres en el domicilio, o en su caso cualquier otro informe relativo a la credibilidad también de los menores en este tipo de delitos.
Ante esta situación, la Junta de Extremadura “tiene las puertas abiertas” para intentar implementar todas aquellas medidas que supongan una mayor colaboración entre instituciones, sobre todo para “dar una asistencia lo más adecuada posible, de calidad y con la mayor agilidad a las víctimas de violencia de género”, ya que “es evidentemente la preocupación que tenemos todas las instituciones a la hora de luchar contra esta lacra”, ha señalado la secretaria general de Igualdad.
Para avanzar en ese fin, la Junta de Extremadura se ha comprometido a dar los pasos necesarios para reforzar la asistencia psicológica ya que, según ha insistido Ara Sánchez, “hay una infradotación de plazas en el Instituto de Medicina Legal”.
SERVICIOS DE ABOGADOS
Al mismo tiempo, también se va a mantener una reunión con los decanos de los colegios de abogados, tanto de Cáceres como de Badajoz, para reforzar la prestación del servicio de abogados de asistencia letrada a las víctimas de violencia de género, “ya que se vienen arrastrando algunas difunciones desde tiempo atrás”, ha dicho Sánchez en declaraciones a los medios.
Otro de los asuntos que se ha abordado en la reunión es extremar la colaboración de las 36 oficinas de igualdad que existen en Extremadura para que las técnicas de esas oficinas puedan acompañar a las víctimas en los primeros contactos con la policía, con las fuerzas de cuerpos de seguridad o con los juzgados, “cuando formulan una denuncia y dan ese paso valiente para acabar con la situación que están sufriendo”, ha concluido Sánchez.
Por su parte, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, ha recordado que la Comisión Territorial se reúne dos veces al año para estudiar los acuerdos adoptados por las comisiones provinciales de atención a las víctimas de violencia de género, y “detectar problemas” para buscar una mejor coordinación con todos los recursos, judiciales y administrativos, que puedan tener las mujeres víctimas de violencia.
En el caso de Cáceres, el juzgado de violencia de género tiene carácter provincial, pero en Badajoz que no se tiene “esa atención especializada en toda la provincia”, se pretende trasladar a todos los partidos judiciales “una buena dinámica de trabajo”, ha dicho Tena.
En esa línea, la presidenta del TSJEx ha destacado que la reunión de este lunes ha profundizado en la coordinación con Guardia Civil de toda la provincia de Cáceres para que “las víctimas no tengan que estar esperando un tiempo desmesurado antes de prestar declaración cuando se ha adoptado una orden de protección”.
En segundo lugar se ha acordado facilitar más la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales dentro de los convenios que se firmarán del programa Viogen, y también se ha decidido una tercera intervención también por parte de las Diputaciones Provinciales, para que puedan coordinar acciones en los pueblos más pequeños.
Sobre las oficinas de igualdad, Tena ha recordado que se ha acordado que se haga “un acompañamiento efectivo a todas las víctimas de violencia de género”. Hay una oficina de igualdad en todas y cada una de las mancomunidades y “eso nos permite dispersar y que llegue al último rincón y a la última víctima de violencia de género esa atención y ese acompañamiento especializado”, ha concluido.
Cabe recordar que la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer de Extremadura está formada por jueces, abogados, procuradores, miembros de fuerzas de seguridad, responsables de servicios sociales y emergencias, y representantes de todas las administraciones públicas (central, regional y local).
El objetivo de este órgano constituido hace un año es el de coordinar las actuaciones de todos los agentes implicados en la atención a las víctimas de violencia de género, desde que se produce el delito, hasta que se resuelve judicialmente pasando por la atención social y la posterior protección, si llegara el caso.
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