CÁCERES, 27 (EUROPA PRESS)
El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves la reversión de la titularidad del edificio del Hospital Virgen de la Montaña, para poder modificar los usos del inmueble con el objetivo de destinarlo a fines educativos y culturales, además del actual uso sanitario.
El edificio, propiedad de la diputación cacereña y que se inauguró en 1892, se cedió en su día al entonces Insalud y después al Servicio Extremeño de Salud (SES) para uso sanitario pero, tras su cierre como hospital, la propiedad debe volver a la institución provincial que lo volverá a ceder a la Junta de Extremadura para su gestión en otros usos, una vez realizados los estudios y las inversiones necesarias.
Se trata de un trámite administrativo necesario, según ha explicado el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, quien ha explicado que se está redactando el Plan Director para conocer los servicios que se establecerán en el edificio, situado en el corazón de la capital cacereña.
“Se están cumpliendo los trámites para llegar al fin del uso del hospital”, ha aseverado el presidente, que ha añadido que ese plan director estará terminado antes de fin de año y, una vez se conozcan las características de la infraestructura para determinar dónde irá cada servicio, se convocará la comisión de trabajo que se creó en la diputación para tratar el futuro del Hospital Virgen de la Montaña.
Cabe recordar que el Plan Director debe diseñar cómo y cuánto espacio ocupará cada uno de los servicios que se quieren ubicar en este edificio que, actualmente, alberga el centro de salud de Zona Centro y el Punto de Atención Continuada (PAC). La idea es trasladar allí el Conservatorio de Música, el de Danza, y realizar una extensión de la Biblioteca Pública.
El inmueble pasó a pertenecer orgánica y funcionalmente al Insalud en el año 1987 y después a la Junta de Extremadura, cuando se transfirieron las competencias en sanidad.
La Junta de Extremadura revertió el inmueble a la Tesorería General de la Seguridad Social previo pago de una deuda de 400.000 euros, para que después el edificio vuelva a la diputación libre de cargas y ésta pueda cederlo a la Administración regional, que será la que acometa las obras necesarias para su adecuación a los nuevos usos, una inversión que realizará íntegramente la Junta.
Las fechas que se barajan es que los proyectos de obras puedan estar licitados en 2023 para dar comienzo a la reforma del edificio y que pueda albergar los nuevos servicios a lo largo de la próxima legislatura.
De momento, se ha realizado ya un estudio estructural para saber cómo se encuentra el edificio de 20.000 metros cuadrados, y al que se le han ido añadiendo construcciones a lo largo de los años, algunas de las cuales han llegado a ocupar patios interiores.
También se cuenta ya con los tres planes funcionales en los que cada una de las tres consejerías implicadas (Sanidad, Cultura y Educación) han definido sus necesidades de espacio para implantar sus servicios en el edificio.
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